Puta

Puta pone en la banda de una mujer fotografiada para un cartel propagandístico. No sé quién es esta mujer, no sé que canta, no me llama la atención, no sé el mensaje que el cartel tiene detrás, si representa a una imagen católica o tiene otra intención, como he escuchado, ni siquiera habría prestado atención a la imagen ni a lo que pone en la banda si no fuera por la acción, a mi modo de ver impresentable, del gobierno municipal, presionando a un promotor particular para que retirara la publicidad. Me parece antidemocrático, retrógrado y una involución (aunque tal vez nunca salimos de aquellos tiempos oscuros), que algunos parezcan estar dispuestos, por la ofensa, a iniciar una nueva cruzada a tierra santa. Y también me parece peligroso el cariz integrista que están tomando algunas cosas.

Tenemos unos representantes políticos, supuestamente de izquierdas, cuyas acciones los califican, día sí y día también, con su presencia continua en actos religiosos católicos, no a título individual, sino como portavoces públicos, en un país, recordemos, aconfesional. Y esto no entra en contradicción con que cada cual,  incluidos los políticos, tengan unas creencias y asistan a actos religiosos a título individual, cuando quieran, sino sólo con la estética de la ideología, por la incoherencia, y con el respeto al resto de la sociedad que practican otra religión, o ninguna, en el contexto de una comunidad que supuestamente vive en el siglo XXI, libre de atavismos y mitos, en la esfera emancipadora de una democracia.

Es cierto que mucha gente profesa la fe católica, pero la religión, o la religiosidad, creo, debería ser un acto o actitud íntima, personal, al margen de la cosa pública, y los responsables políticos no deberían, por tanto, ni apoyar, ni oponerse a las expresiones particulares e individuales de esta clase. Cada cual, que piense, profese, o actúe en su intimidad como desee.

Los poderes públicos, sin inmiscuirse en esa esfera individual y sectorial particular, por lo tanto, deben dejar la libertad religiosa al libre albedrío de los feligreses, pero, sin embargo, sí deben intervenir para proteger la libertad de expresión. Los conflictos de ofensas, o vulneración de las leyes, compete al estamento judicial y, aunque en mi opinión no debería existir un delito medieval como las ofensas religiosas, relacionado con la protección de un mito creado por la imaginación o la debilidad humanas, cada cual, en el ámbito de las leyes existentes, tiene el derecho de actuar, a título particular para defender, en este caso, sus creencias, como mejor le convenga. Pero los poderes públicos no pueden hacer lo mismo, porque con una posible ofensa a las creencias no se vulnera, en mi opinión, ningún aspecto de la esfera del común ciudadano, y por lo tanto deben abstenerse de intervenir en estos casos.

Estos representantes políticos participan activa y permanentemente, no esporádicamente, como comisionados ciudadanos, en todos o cualquier acto religioso católico que sucede en la ciudad, por lo que son sospechosos de tratar de favorecer e impulsar sus creencias religiosas íntimas y personales, compartidas por una parte de la sociedad, eso sí, sin tener en cuenta la globalidad ciudadana plural, practicantes de otras religiones, agnósticos o ateos, que no participan de la fe individual del responsable, y por lo tanto, puede decirse que pervierten el sentido de la cosa pública, mucho más cuando tratan de interferir en la esfera del derecho de expresión, en favor de sus ideas religiosas personales, o tal vez por intereses políticos. 

De esta forma sólo pueden ser calificados de gobernantes partidistas, interesados y pusilánimes, preocupados por su fe que ponen por delante de los intereses públicos de todos, y cobardes ante tal vez la pérdida de votos en las redes del sector católico, al haber sido dejada su fe y entrega religiosa, sea esta un paripé o una realidad, en evidencia, por la interferencia de una facción extrema de la sociedad, que pretende hacernos a todos, de nuevo por la fuerza, putos nacional católicos.