Póker de ases. Crónica de despropósitos varios: Macro granjas de engorde de cerdos que nadie quiere, daños ambientales, mataderos en explotación intensiva y administración regional.
Desde que Jordi Évole destapara el terrible maltrato
que se daba a los cerdos en algunas granjas porcinas, ante las terribles
imágenes, la opinión pública está muy sensibilizada con ese tema. El programa ha servido, por otro lado, para sacar a la luz problemas
similares o que afectan directamente a la salud, economía o calidad de vida de
las personas, que aunque son anteriores a la emisión del programa, no habían
adquirido relevancia, o habían pasado, en cierta medida, desapercibidos.
La alerta sobre el surgimiento por muchas zonas de nuestro país de macro granjas porcinas, la han dado organizaciones y grupos de ciudadanos reivindicativos. De la noche a la mañana pequeñas explotaciones familiares se están convirtiendo en grandes granjas de engorde de cerdos intensivas. Y la cosa es literal, de la noche a la mañana, ya que en muchos casos se trata de estructuras prefabricadas que se montan en pocos días o semanas, y donde antes había una pequeña granja ahora hay grandes naves industriales albergando cerca de 2.000 cerdos.
En algunas ocasiones, la noticia de la próxima instalación ha llegado a oído de los vecinos que, ante la posibilidad de que le planten una de estas industrias próximas a sus domicilios, se han puesto en pie de guerra, logrando paralizar su instalación.
El problema, sin embargo, afecta principalmente a los municipios pequeños, lugares despoblados y con paro, donde no existe oposición, o esta es muy pequeña. Los impactos en el entorno, al parecer, son importantes. El principal es la necesidad de tratar los purines que, en muchos casos acaban en el suelo y contaminan las aguas subterráneas, pero también existe el problema de los olores, o la pérdida de otros sectores productivos en alza, como es el turismo. Donde antes había varias explotaciones familiares extensiva, ahora sólo existe una, y debido a la tecnología prácticamente con el mismo personal que se necesitaba para gestionar las tradicionales, es decir sin creación de empleo en las áreas de instalación.
El problema viene desde hace varios años. Primero fue la subida de los precios en 2013, y el consiguiente incremento de la producción e inversión. España creció más que el resto de países europeos convirtiéndose en el primer productor del continente. Más tarde, con la caída de los precios, por el cierre del mercado ruso, se puso en la cuerda floja a muchas empresas familiares. En este contexto de crisis han sobrevivido mejor aquellas granjas que pertenecen o forman parte de industrias mayores, que además cuentan con matadero y fábrica de piensos, y que tienen acuerdos con grandes superficies. Como al final son estas las que fijan los precios, el pequeño productor se ve expulsado del sistema. O entra a formar parte de la red o quiebra.
Al final, no nos engañemos, todo tiene que ver con el modelo de consumo actual, cada vez más basado en la compra de las familias en grandes superficies, a precios bajos, que se está implantando en todo el mundo occidental. Muchas de las grandes superficies o cadenas de supermercados adquieren sus carnes a determinados mataderos, que se han convertido en proveedores casi en exclusiva. Este es el caso, por ejemplo, de Mercadona e Incarlopsa.
Incarlopsa, que tiene su sede principal en el municipio de Tarancón, y se dedica a la producción y elaboración de productos cárnicos, quiso aprovechar la ola del alza de los precios y en el año 2011 solicitó ayudas de Castilla-La Mancha durante el gobierno de Cospedal para ampliar su planta, contenidas en el programa de desarrollo rural 2007-2013, de la Unión Europea, destinadas a empresas de menos de 750 trabajadores o menos de 200 millones de euros en volumen de negocio. Como al parecer la empresa superaba estas cifras les denegaron la ayuda, y recurrieron a los tribunales, donde perdieron el juicio y fueron condenados a costas.
A principio de 2015 Incarlopsa presentó un plan de expansión derivado de su aumento de negocio favorecido por el alto consumo de sus productos cárnicos comercializados por los centros comerciales, y las expectativas de apertura de varios mercados internacionales. La expansión planificada, según informó la empresa, supondría la creación de entre 500 y 600 puestos de trabajo. Y ya sabemos lo que pasa en nuestro país cuando se anuncia la creación por una empresa de puestos de trabajo, que inmediatamente se nos cierran las orejeras y sólo miramos hacia el frente, para no ver cualquier posible problema que enturbie las magníficas cifras.
Ese mismo año, Emiliano García Page ganó las elecciones en la comunidad, y unos meses después se derogó la orden del 2009 que regulaba las ayudas del programa FOCAL de desarrollo rural, entrando en vigor la nueva orden para inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y fomento de la calidad agroalimentaria, con el horizonte 2014-2020, en la que se cambiaban los baremos y tramos de ayudas a los distintos tipos de empresas según su tamaño, en relación con la norma anterior.
En 2016, Incarlopsa, ICPOR SORIA (empresa ganadera perteneciente al Grupo Incarlopsa) y Liberbank, firmaron un convenio para abrir una línea de crédito de 20 millones de euros para financiar a las empresas que presten servicios a Incarlopsa en relación a la instalación de granjas de engorde de cerdos en Castilla-La Mancha.
Con el fin de año 2016, justo el día 31 de diciembre, la Junta de Comunidades publicó las ayudas mencionadas, y otorgó a Incarlopsa y una de sus filiales, 4,7 millones de euros de subvención. Al no haber pasado al año 2017, el baremo que se le aplicó fue en relación a los puestos de trabajo que tenía en 2015 y la facturación referida a ese mismo año. Unas horas después de habérsele concedido la ayuda, las cifras a considerar habrían sido las del 2016, y automáticamente habría saltado de tramo en el tipo de empresas, pasando del 25 por ciento de la inversión en la ayuda concedida, al 12,5 por ciento.
El plan de Incarlopsa, que también están llevando a cabo otras empresas, consiste en crear muchas granjas de engorde de cerdos en un radio de 100 kilómetros alrededor de Tarancón, donde se ubica el matadero, con el fin de tener cerca entre un millón y millón y medio de cerdos. Junto a las macro granjas se instalaría una planta de piensos y una incineradora. Para la instalación de estas macro granjas precisan la autorización del Ayuntamiento donde se quiere instalar el proyecto, y de la consejería de medio ambiente de la Junta de Comunidades.
A mediados del año pasado la noticia de la instalación de macro granjas surgió por varios lugares de nuestra región, como en Gamonal, una pedanía de Talavera, donde los vecinos se pusieron en pie de guerra. Igual sucedió en Guadalajara, donde se intentó en varios pueblos. Allí se tentó a pequeños granjeros para poner en marcha gigantescas granjas de engorde, en lugares, a veces, despoblados. A estos pequeños agricultores les instalaban una granja prefabricada, y si el número de cerdos no supera los 2.000, ni siquiera necesitaban pasar trámites de impacto ambiental. Sin embargo se cambiaba de forma radical el modelo de producción extensiva tradicional, encerrando a los cerdos en instalaciones sin ver la luz del día, y a veces en condiciones terribles.
Según la Junta de Comunidades estas nuevas instalaciones crean empleos, se sitúan a más de un kilómetro de núcleos urbanos, con lo que no los afectan, y no tienen por qué crear problemas ambientales si se hacen las cosas bien, como instalar una balsa para purines impermeabilizada, repartir los purines en el campo de forma adecuada o limitar las emisiones de nitrógeno y fósforo por hectárea y año. Sin embargo algunas personas no piensan igual, y llaman la atención sobre impactos negativos sobre el medio ambiente, en la calidad de vida de los vecinos, o en la naciente industria del turismo rural.
En los últimos meses, en Cuenca, ha surgido una oposición a estas instalaciones. Vecinos y organizaciones ecologistas, o una plataforma que aúna a varios interesados, "Stop macro granjas. Pueblos vivos". Estos tratan de poner de relieve y denuncian los problemas ambientales, para la salud y de futuro que supone la llegada de este nuevo modelo de explotación industrial.
Por una parte se denuncia el impacto negativo que van a tener las macro granjas en el naciente turismo rural. Única salida que habían encontrado muchos municipios de estas áreas despobladas. Casas rurales, y el resto de negocios que estaban floreciendo, como bares o empresas de turismo activo, todo tipo de pequeños comercios donde consumen los visitantes, gente que se ve atraída por la tranquilidad de estos lugares frente a las grandes ciudades y están comprando casas en los pueblos, ahora se ven en peligro, porque ¿quién va a querer pasear en bicicleta respirando un olor nauseabundo a cerdo, o acosado por las moscas asociadas, o disfrutando del paisaje de las estructuras industriales de las macro granjas? El turismo rural, que había empezado a fijar población, creando empleo estable, ahora se ve en peligro.
En Torrejoncillo del Rey un pueblo de 400 habitantes, es donde se instaló una de estas macro granjas a lo largo del año pasado, con una balsa para 3 millones de litros de purines, a apenas 200 metros de una mina de Lapis Specularis (el cristal de los romanos) que estaba siendo puesta en valor para atraer turismo, y evitar la despoblación, con una ayuda de la Unión Europea de 400.000 €. ¿Quién visitará ahora este pueblo, sin contar con los problemas que ya ha generado y contaremos más adelante?
Al parecer, la causa de que hayan recabado en nuestra región, y principalmente en Cuenca, tiene que ver con que nadie quiere esas granjas cerca, y en la Cuenca despoblada han encontrado un buen territorio donde implantarse debido al poco empleo, y la poca población, y por lo tanto poca oposición.
El gran problema medioambiental, sin embargo, son los purines, que primero se almacenan en grandes balsas y luego son regados como abono en las explotación agrícolas de la zona. Se ha demostrado que estos purines pueden contaminar ríos y manantiales de agua potable. Uno de los beneficios que se esgrimen es la creación de puestos de trabajo, pero en estos pueblos, al parecer las macro granjas generarán 1 puesto de trabajo, mientras que se ponen en peligro otros muchos.
En las últimas semanas se le acumulan los problemas al presidente regional. Las plataformas ciudadanas mantienen una intensa actividad de denuncia, y la prensa se hace eco de ellas, y al mismo tiempo se han producido algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, que dejan en muy mal lugar al gobierno regional. Menos de un año después de iniciarse el procedimiento para la instalación de una macro granjas en Torrejoncillo del Rey, y de que el Consejero de medio ambiente declarará que las cosas se estaban haciendo bien, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, ha declarado nula la autorización ambiental integrada emitida por el gobierno regional, al constatarse que se ha contaminado el agua potable de la localidad debido a los purines y el estiércol procedente de las granjas porcinas. Al parecer, además, la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental se saltó los procedimientos legales, al no haber realizado con antelación la Declaración de Impacto Ambiental, ni haberla sometido a información pública. De esta forma, queda en entredicho lo que se decía de la existencia de una “estricta normativa ambiental”, que tanto la administración regional como las grandes empresas cárnicas decían que evitaría estos casos.
Los medios de comunicación también han sacado a la luz en estos días, como decíamos más arriba, la ayuda dada por la administración regional a Incarlopsa y una de sus filiales, en un procedimiento que, cuando menos, llama la atención. La administración del anterior gobierno de Cospedal rechazó la solicitud por no cumplir los requisitos para optar a una subvención de la Unión Europea, al superar el número de trabajadores y la facturación, es decir, ser una empresa demasiado grande. Incarlopsa recurrió a la justicia que falló en su contra. Una vez Emiliano García Pare ganó las elecciones se cambiaron los criterios para la concesión de ayudas, y se establecieron tramos, en función del tamaño de la empresa. Cuanto mayor era la empresa el porcentaje de ayuda en relación a la inversión disminuía. Según informan los medios, las ayudas del 2016 se publicaron el mismo 31 de diciembre. El baremo a aplicar en función del tamaño o facturación se refería al año 2015, y a Incarlopsa y una de sus filiales se les concedió una ayuda de 4,7 millones de euros. Si la publicación hubiera sido unas horas después, tendrían que haberse considerado los datos de 2016, e Incarlopsa hubiese saltado de tramo, correspondiéndole una ayuda inferior.
En el acto inaugural del nuevo matadero de cerdos que la empresa Incarlopsa abrió en Tarancón a mediados del año 2017, Emiliano García Pare participó y puso a la empresa cárnica como ejemplo empresarial, de creación de puestos de trabajo, de riqueza y contribución a asentar la población local.
Al parecer, por esos mismos días, Incarlopsa habría donado, 400.000 € a la Fundación Impulsa, que gestiona la publicidad institucional del gobierno regional. El matadero sería la segunda empresa en importancia en la cantidad donada, después de Liberbank, entidad que gestiona las nóminas de la Junta, y que habría donado, 430.000€. Entre los donantes también se encuentran Iberdrola, con 200.000€, o La Caixa, con 150.000.
El último tema que ha saltado a los medios de comunicación es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia se Castilla la Mancha, condenando a la Junta de Comunidades y a la empresa Incarlopsa, por apartar de su puesto en el año 2016 a dos veterinarios de la Consejería de Sanidad que habían denunciado incumplimientos en la normativa de bienestar animal en el matadero de la empresa en Tarancón. Al parecer, se estarían sacrificando cerdos sin estar completamente aturdidos, como marca la ley. Según se establece en la sentencia, habría sido la propia empresa la que solicitara la retirada de los funcionarios, después de que hubieran levantado varias actas sobre el incorrecto aturdimiento de los animales, y por su parte la administración se apresuró, al parecer, a apartarlos de la instalación y abrir un expediente disciplinario a los veterinarios. El fallo anula la resolución del traslado de los funcionarios y obliga a restituirlos en sus puestos, con el resarcimiento de cuatro años y los perjuicios que se les hubiera causado, además de condenarse a costas a la Junta de Comunidades e Incarlopsa. Ante esta sentencia, en una reciente comparecencia del presidente regional, al aparecer declaró que se trataba de un falso rumor.
Como corolario a este asunto, el PP y Podemos han pedido al Gobierno regional que dé explicaciones en las cortes sobre el maltrato animal, y para añadir más pomada al asunto, las secciones sindicales CGT y CCOO en la Radio Televisión de Castilla La Mancha, han denunciado que la Dirección de informativos no informó a la ciudadanía sobre la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenaba a la Junta de Comunidades y a Incarlopsa, por el asunto de los veterinarios, y reclaman la urgente despolitización de la televisión pública regional.
Como vemos un bonito despliegue de acciones que, bajo el paraguas de la creación de empleo e inversión en la región, se dirigen a apoyar o impulsar un negocio privado, y que algunas personas piensan que no es el camino a seguir, cuando implica que se cambie el modelo productivo extensivo por el industrial intensivo, con graves afecciones a los propios animales, al medio ambiente, a las nacientes industrias del turismo rural, y a la fijación de personas al territorio.
Como decía más arriba, sin embargo, no podemos rasgarnos las vestiduras, y es preciso reconocer que parte de culpa la tenemos nosotros mismos, al haber favorecido mediante nuestro consumo el crecimiento desmesurado de los grandes centros comerciales, y como consecuencia, la toma de control de los precios por parte de las grandes superficies. Ahora, ese monstruo se ha desbocado y lanza sus garras a todo el sistema productivo, creando las condiciones necesarias para poder abastecerse en grandes cantidades, de forma rápida, y a precios bajos.
Por último, no hay que pasar por alto un problema que afecta a toda la ganadería española y que puede suponer un gran riesgo para la salud. Para mejorar la supervivencia de los cerdos, su crecimiento, o el aspecto final de su carne, que tanto valoramos, es necesario que los animales sean tratados masivamente con antibióticos. Mientras que en Europa la dosis de antibióticos se encuentra por debajo de los 50 mg /kilo, en España, se permite hasta 400 mg/kilo. Nos estamos acostumbrando a los antibióticos y las bacterias se hacen resistentes. Corremos el riesgo de volver a la edad media.
El coste ya lo hemos visto, muy alto, pero este, al igual que otros asuntos que atentan gravemente contra el medio ambiente y la salud del planeta, que al final es la nuestra, tiene difícil solución si así es como queremos la carne: en estantes iluminados, rosita, con cortes igualitos, en paquetes de plástico, y a bajos precios.
FUENTES
Incarlopsa anuncia la creación de 500 a 600 puestos de trabajo en dos años.
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"Nuestro objetivo es tener un millón de cerdos alrededor del matadero".
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