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Vega Baja. ¿Y ahora qué?

Durante mucho tiempo ha resultado inútil intentar convencer a los poderes públicos de que Vega Baja era algo más que las zonas protegidas como Bienes de Interés Cultural, a pesar de la evidencia abrumadora de la existencia de restos arqueológicos dispersos por toda ella. Sin contar con las obligaciones y compromisos internacionales de proteger el paisaje de las vegas, en el mundo sólido de la materialidad arqueológica, muchos han tenido que meter el dedo en la llaga para creer, y aun así, a algunos está claro que les molesta el patrimonio, y siempre les ha importado un bledo.

A pesar de las continuas declaraciones desde la administración de respeto al patrimonio, la realidad de la historia de Vega Baja dice otra cosa completamente distinta. Lo que han hecho por preservar el patrimonio, ha sido poco o nada. La administración regional sólo in extremis, cuando ya era innegable la importancia de lo que allí había, paralizó el proyecto urbanístico Vega Baja I, pero hasta el último momento hubo dudas. La declaración BIC fue tan forzada, que los límites se trazaron a escuadra y cartabón, ajustados al proyecto urbanístico, algo que ya era inverosímil en aquel mismo momento, pues lo excavado mostraba claramente que los restos se prolongaban hacia otras parcelas. Está claro que era un absurdo arqueológico que el yacimiento topara abruptamente con una línea dibujada en un papel, pero en lugar de cumplir con sus obligaciones de promover investigaciones para saber si el yacimiento se extendía más allá, y así proteger el conjunto completo y no sólo una parte, no lo hicieron, no fuera a ser que aparecieran más piedras. Y ahí quedó todo. Bueno no, la misma administración regional encargada de la tutela del patrimonio, aprobó uno tras otro todos los planes y proyectos urbanísticos redactados por el Ayuntamiento, que eliminaban las protecciones previas, y planificaban construcciones por toda la Vega Baja, incluso encima del yacimiento que ellos mismos habían declarado BIC.

Por su parte, la administración local, hizo todavía mucho menos. Ha sido la responsable de la redacción de todos y cada uno de los planes y proyectos urbanísticos que se pretendían desarrollar sobre Vega Baja, desde el convenio inicial con Defensa para que se pudieran construir más de 900 viviendas en el suelo que hasta ese momento estaba protegido, hasta el momento actual, en que tienen aprobada una modificación puntual del plan de 1986, que permite la construcción, ahora mismo, de 1.300 viviendas sobre el yacimiento declarado BIC, 300 en el antiguo camping del circo romano, y 98 en el entorno del Cristo de la Vega, sobre otro BIC, además de usos dotacionales y terciarios dentro y fuera de las zonas protegidas (incluido El Corte Inglés), sin contar con que en 2017 aprobaron y desarrollaron la urbanización de la UA 34, en Santa Teresa, y la construcción de 4 bloques de viviendas de cinco plantas de los que sólo han podido levantarse dos, claro, por la aparición de restos arqueológicos. Además, han sido los impulsores de la consolidación de aparcamientos irregulares dispersos encima del sitio,  y defensores a ultranza de la construcción del cuartel de la Guardia Civil, todo ello, a pesar de la opinión en contra de expertos y organizaciones locales, nacionales e internacionales, defensoras del patrimonio.

Su mayor éxito en la protección del patrimonio fue la construcción sobre el mismo yacimiento protegido de una senda peatonal (sin seguir algún plan director del sitio que dijera lo que había que hacer, simplemente porque no existe), que ha cortado el yacimiento arqueológico por la mitad, ocultando importantes restos arqueológicos, muchos de ellos aún por excavar. Poco más han hecho, por no decir nada. Tenían obligación desde el 2008 de haber realizado un Plan Especial de Protección y no lo han hecho. Bueno, concedamos que la empresa mixta público-privada, Toletum Visigodo, S.L., en la que participaban todas las administraciones (Junta, Diputación y yuntamiento), además de socios privados, hicieron un buen trabajo con las excavaciones arqueológicas, que permitieron un mejor conocimiento del yacimiento, aunque tal vez a un coste desorbitado. Sin embargo, al mismo tiempo, el final de esta sociedad pone en evidencia los intereses que realmente se tenían. Financiaron y mantuvieron su funcionamiento mientras había esperanzas de urbanizar y sacar beneficio. El gerente de entonces, para asegurarse de no cometer los mismos errores que en Vega Baja I, encargó la realización de prospecciones y sondeos, que mostraron que el yacimiento se extendía por la zona que se pretendía desarrollar en ese momento, Vega Baja II. No debieron gustar mucho sus declaraciones de que el yacimiento se prolongaba más allá de la zona protegida, y al poco dimitió. A partir de entonces, se dejó morir a la empresa.

A muchos les habría gustado tener un suelo blanco, inmaculado, totalmente liso y libre de obstáculos para obtener un gran beneficio, al colocar casitas aquí y allá. Por eso ven el patrimonio como un obstáculo o una mancha. Habrían querido que las parcelas estuvieran “bastante limpias”, o mejor, “limpias” del todo de patrimonio, y como no lo estaban, que les hubieran dejado “limpiarlas”, lo más rápidamente posible, para ganar más dinero. No entienden que existan valores públicos superiores al beneficio económico de algunos, que deben protegerse.

Siempre han negado que el yacimiento fuera más de lo que habían marcado como BIC, porque les interesaba, y lo defendieron a capa y espada para lograr sus objetivos de construir. La obligación como administraciones era intentar arrojar luz, proteger todos los intereses, y los públicos en primer lugar, y en vez de eso, cuando pudieron, intentaron restar valor a los restos arqueológicos, una estrategia política, y de quienes tienen intereses urbanísticos, muy conocida en el mundo de la arqueología, cuando el (“su”) urbanismo “choca” con el patrimonio público.

A pesar de la evidencia, pretendían tirar para adelante, como se quiso hacer en 2005-2006: excavar y documentar los restos como marca la ley, para luego, en su caso, desmontarlos y/o protegerlos debajo de bloques de pisos, o del cuartel, que es casi lo mismo que eliminarlos. Como responsables de la tutela del patrimonio, la administración regional tenía la obligación de delimitar correctamente el yacimiento, porque era evidente desde hacía mucho tiempo, que no lo estaba, y como era lógico, la prospección geofísica encargada ahora ha mostrado que era como muchos decíamos. Si existen restos arqueológicos idénticos a los que aparecen a sólo unos metros de distancia, en la zona protegida, no queda más remedio que protegerlos con la misma categoría, es decir, ampliar el BIC, porque, que esa área esté incluida dentro de un ámbito de protección de la carta arqueológica, está claro que no es la mejor protección para un yacimiento extenso, como es el caso. Si ya existe una zona protegida de esta manera, y existen pruebas contundentes de que el yacimiento se extiende más allá de sus límites, no ampliar la protección a esas zonas podría entrar dentro del supuesto de expoliación contemplado en el artículo 4º de la Ley del Patrimonio Histórico Español, cuando, al urbanizar, se ponga en riesgo una parte de la ciudad visigoda.

Afortunadamente, la presión ciudadana, una vez más, como en aquel lejano 2006, en que muchos creyeron haber salvado el yacimiento, ha conseguido enderezar la situación, doblando el brazo político. Enhorabuena a todos por esta victoria, pero no debemos dormirnos en los  laureles. La experiencia debe guiarnos para no caer en la misma trampa de antaño. Mientras la Modificación Puntual 28, que permite construir en casi toda la Vega Baja, siga en vigor, el yacimiento seguirá estando en riesgo. Y ahora, "el eje" del ladrillo se desplaza también hacia La Peraleda, y por lo tanto, la lucha sigue.

Isabelo Sánchez

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